Delitos informáticos — Ley 1273 de 2009

La Ley 1273 añadió al Código Penal el Capítulo 'De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos': acceso abusivo a sistema informático (Art. 269A), obstaculización ilegítima de sistema (269B), interceptación de datos (269C), daño informático (269D), uso de software malicioso (269E), violación de datos personales (269F), suplantación de sitios web para capturar datos personales (269G), hurto por medios informáticos (269I) y transferencia no consentida de activos (269J).

Art. 269A: prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1.000 SMLMV. Si se ingresa a un sistema cuyo acceso está protegido con medidas de seguridad y hay sustracción de información, la pena puede incrementarse por concurso con otros delitos informáticos. En entornos laborales (ex-empleado que accede sin autorización), el delito se configura aún con credenciales previamente válidas si el acceso fue después de terminada la relación.

Art. 269I: hurto efectuado superando medidas de seguridad informáticas, suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación, usando dispositivos para interceptar datos, o manipulando datos del sistema. Pena agravada respecto del hurto simple. Es común en phishing bancario, suplantación de identidad digital, interceptación de códigos de un solo uso (OTP), ingeniería social para transferencias no autorizadas.

Art. 269F sanciona a quien, sin autorización, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. Defensa típica: (1) consentimiento del titular acreditado; (2) autorización contractual o legal para el tratamiento; (3) ausencia de dolo (buena fe o error); (4) datos no considerados personales por la Ley 1581 de 2012 (datos públicos, estadísticos); (5) principio de insignificancia.

Sí. La cadena de custodia digital tiene exigencias técnicas específicas: identificación del dispositivo, hash de integridad (MD5/SHA-256), preservación en formato forense (dd, E01), ausencia de alteración durante la recolección. Un vicio en la cadena de custodia digital puede llevar a la exclusión de la evidencia principal. La defensa debe examinar los peritajes informáticos de la Fiscalía con rigor técnico, idealmente con perito propio.